Carlos Fernández Barbudo

Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador honorífico en la Universidad Complutense de Madrid. Temas de investigación: Teoría Política, tecnología y privacidad.

La llegada del coronavirus a nuestro país ha conllevado la aparición de miedos, bien fundados, sobre el papel que la tecnología acabará teniendo en el control de la pandemia. Un control que pasa, necesariamente, por la vigilancia y seguimiento de la población, ya que el virus no es algo que se pueda controlar per se. Al contrario, hemos de vigilar a sus portadores para comprender su mecanismo de propagación y adaptar las medidas de distanciamiento social a su realidad.

El miedo es, en este contexto, el abono perfecto para que broten voces que demanden soluciones totales. La complejidad sistémica del mundo genera una angustia colectiva que acaba demandando esquemas sencillos: el virus es el villano, el personal sanitario son nuestros héroes/heroínas y lo que vivimos es una guerra. Ahora bien, esta no es una guerra convencional ―nos dicen las autoridades―, se trata de un enfrenamiento excepcional que demanda soluciones excepcionales. Y el problema radica en esta excepcionalidad: ¿cómo no vamos a estar dispuestos a sacrificar nuestra privacidad para salir victoriosos de esta confrontación?

Al fin y al cabo, ya estamos acostumbrados a que nos vigilen. Regalamos nuestros datos a diario a cambio de servicios “gratuitos” en una economía de la vigilancia cuyo tradeoff consiste en vender nuestra privacidad muy barata. Situación que incluye, como no podía ser de otra manera, un control constante sobre nuestra geolocalización: saber dónde nos encontramos en cada momento y conocer cómo nos desplazamos es crucial para la publicidad personalizada. Siendo así las cosas, algunas voces plantean que prescindir de la privacidad a cambio de salvar vidas, al menos temporalmente, es lo más sensato.

Ahora bien, este planteamiento esconde dos problemas fundamentales. En primer lugar hay que recordar que la excepcionalidad en situaciones de emergencia y shock convierte lo temporal en permanente con alegre facilidad. De este modo, lo que comienza siendo una medida acotada en el tiempo puede prolongarse sine die debido a la excepcionalidad y una vez que nos acostumbramos a la nueva realidad resulta mucha más sencillo convertir lo excepcional en cotidiano. No es un problema legal, ya que el estado de derecho tiene mecanismos previstos para estas situaciones; sino político, ya que una vez las sociedades descubren que renunciar a la privacidad no tiene efectos negativos en el corto plazo pero sí grandes beneficios en el medio, ¿por qué no permitir que este control social permanezca con otros fines?

El segundo problema fundamental radica en que el Estado no es una empresa privada del capitalismo digital. Al contrario, es el detentor del monopolio de la violencia física legítima y sus decretos son de obligado cumplimiento para toda la población. De ahí que pensar que la vigilancia de Google es idéntica a la del Estado resulta una confusión imperdonable. Mientras que una empresa privada requiere de nuestro explícito consentimiento para observarnos y dataficar nuestro comportamiento, el Estado puede decretar esa vigilancia excepcional sin que nadie tenga la oportunidad de negarse a ello. Dicho en otros términos: Google puede recordarnos que vamos demasiado deprisa por la autovía, la Guardia Civil debe multarnos.

Esto no quiere decir que no podamos o debamos utilizar la tecnología para controlar la propagación del virus y realizar una desescalada del distanciamiento social de manera segura. Al contrario, lo que debe recordarnos es que si no queremos abrir la puerta al autoritarismo, su uso debe producirse atendiendo a dos principios claves: privacidad por defecto y por diseño. De este modo podremos evitar más fácilmente que la actual vigilancia económica se convierta en control policial.

A tal fin debemos huir del control vertical y fomentar la cooperación horizontal. La primera convierte al Estado en un vigilante total que se sirve de la tecnología para erosionar la privacidad; mientras que la segunda generaliza herramientas que, de manera descentralizada, velan por nuestra salud a la vez que velamos por la de los demás. El dilema, por tanto, no es entre privacidad y salud, sino entre si queremos ser súbditos o ciudadanos. Por eso hay que aplaudir la decisión del Gobierno de sumarse a la iniciativa Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), la cual está desarrollando un sistema de control de la propagación del virus basado en la cooperación horizontal y respetuoso con la privacidad de la ciudadanía.

Este sistema permite que seamos avisados cuando alguna de las personas con la que nos hemos cruzado en los últimos días sea diagnosticada de covid-19. La idea es muy sencilla: cada teléfono móvil irá generando cada cierto tiempo un identificador aleatorio que intercambiará con el resto de teléfonos con los que nos vayamos cruzando a lo largo del día, de tal modo que cada persona disponga en su terminal de un registro anonimizado de los terminales con las que se ha cruzado. Así, en el momento que alguna persona reporte un positivo podrá avisar, anónimamente, a esta red colaborativa y si su identificador coincide con el almacenado en su dispositivo recibirá una alerta que le recomiende hacer cuarentena.

El principal punto débil de este sistema consiste en cómo se producirán estos avisos. El modelo más respetuoso con la privacidad sería uno distribuido: los avisos se pasan de terminal en terminal hasta llegar a la persona que debe recibir la alerta. Ahora bien, no es descabellado pensar en una entidad independiente de reputada trayectoria para encomendarle esta labor y así poder contar con un registro centralizado del número de casos positivos. Incluso esta autoridad centralizadora de los registros anónimos podría, previo permiso del usuario, ponerse en contacto con el afectado para asegurar un seguimiento de su estado de salud. No hay solución perfecta. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, por lo que resulta crítico pensar bien si queremos una entidad de confianza que lleve a cabo esta misión. Solo así podremos salir de esta crisis más libres y autónomos, en vez de más serviles y controlados.

Texto publicado originalmente en Cuartopoder

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